MINERÍA: MÁS ALLÁ DEL CONFLICTO

Columnistas | 17-11-2011 | José Godoy

MINERÍA: MÁS ALLÁ DEL CONFLICTO

Luego de los conflictos suscitados alrededor de actividades mineras en Cajamarca, Andahuaylas y Ancash, se ha suscitado un inesperado consenso que va desde Martha Meier Miró Quesada hasta la Red Muqui: la necesidad de una nueva institucionalidad en torno a la minería, para garantizar la inversión y la relación con el medio ambiente y las comunidades.

Martín Tanaka, Javier Torres y Carlos Tapia han sido explícitos en señalar cuáles serían los puntos más importantes de este nuevo marco de reglas de juego, cuya discusión Tapia y Torres coinciden en enmarcar dentro de un Pacto Nacional Minero. Entre los aspectos más saltantes se encuentran: ordenamiento territorial para la realización de actividades económicas, mejores estándares sobre participación ciudadana y evaluación del impacto ambiental, información estatal sobre las implicancias e impactos de la actividad minera, entre otros tópicos.

El punto de partida de propuestas como estas es la constatación realizada por Tanaka: “no existe una institucionalidad capaz de actuar preventivamente para evitar el estallido de los conflictos, nos seguimos moviendo bajo un mismo marco normativo permisivo y percibido como favorable a las empresas”. Y si esta situación sigue igual, la viabilidad de la inversión minera puede verse afectada a mediano plazo.

Llegar a este nuevo consenso implicará el cambio de actitud de todos los actores. Así, desde las regiones, es necesario que se entienda que un ordenamiento territorial que restrinja algunas zonas para la minería supondrá menos ingresos por concepto de canon y que la mejora de las universidades públicas es esencial para que más ciudadanos de las zonas cercanas al yacimiento participen en su explotación como mano de obra calificada.

Las empresas deberán percatarse que las relaciones comunitarias no se circunscriben a la adopción de estrategias de marketing o en pagarle a una agencia de imagen para lavarles la cara. En casos como los de Yanacocha, es necesario que reconozcan los pasivos provenientes de casos anteriores y que están en la memoria de los ciudadanos. Y la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo debería difundir los casos concretos de buenas relaciones entre mineras y comunidades (que los hay).

Finalmente, nuestros funcionarios públicos deberán ser conscientes que cuestiones como educación, salud, seguridad y justicia son sus tareas y que en esas tareas la responsabilidad principal es suya. Y deberán mantener la firmeza que ayer expresó el Presidente de la República frente a la minería informal.